La reserva oficial de Bitcoin de El Salvador siguió creciendo después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso puede comprobarse: entre el 30 de junio de 2025 y el 5 de septiembre de 2026, la cartera oficial del Gobierno sumó 1.541,19 BTC, y cualquiera puede verificarlo en el explorador que el propio Estado salvadoreño opera.
Lo que no puede comprobarse igual de bien es qué ocurrió del otro lado de esas transacciones. La Oficina Nacional del Bitcoin las llama compras. El FMI afirma haber revisado documentación según la cual son donaciones privadas y no se usaron recursos públicos. La cadena de bloques registra el movimiento del bitcoin, pero no registra quién lo pagó.
Verificación de datos
Afirmación: «El Salvador sigue comprando Bitcoin pese al acuerdo con el FMI.»
Veredicto: NECESITA CONTEXTO
Explicación: La cartera oficial continúa creciendo y la Oficina Nacional del Bitcoin describe determinadas entradas como compras. Sin embargo, el FMI afirma haber verificado documentación según la cual la acumulación posterior a la primera revisión corresponde a donaciones privadas y no utilizó recursos públicos. La blockchain confirma las entradas, pero no puede determinar por sí sola si fueron compras o donaciones.
Qué período estamos verificando, exactamente
Antes de entrar en materia conviene fijar el reloj, porque buena parte de la confusión pública viene de ahí.
El programa de El Salvador con el FMI fue aprobado por el Directorio del organismo el 26 de febrero de 2025. La primera revisión se concluyó el 27 de junio de 2025. Y el comunicado que originó esta discusión, el del 3 de septiembre de 2026, se refiere expresamente a la acumulación «desde la primera revisión», no desde el inicio del programa.
Por eso este fact-check verifica una ventana concreta: del 30 de junio de 2025 al 5 de septiembre de 2026. Es el período que cubre la afirmación del FMI y sobre el que existe evidencia on-chain completa.
El tramo anterior —de febrero a junio de 2025— es una cuestión distinta que aquí no resolvemos. Para esos meses, el FMI sostuvo en el informe de la primera revisión que el stock de bitcoin del sector público no había variado y que los aumentos de la reserva reflejaban «la consolidación de bitcoin entre distintas carteras propiedad del Gobierno». Es una explicación diferente, para un período diferente.
Tres palabras que no significan lo mismo
La discusión se vuelve confusa porque tres términos se usan como sinónimos y no lo son.
Acumulación es el aumento de las tenencias, con independencia de su causa. Es un hecho observable: el saldo de una cartera sube. Se puede medir con precisión de satoshi.
Compra es un mecanismo económico concreto: alguien entregó dinero a cambio de ese bitcoin. Es una afirmación sobre lo que ocurrió fuera de la cadena de bloques, y no se observa en ella.
Acumulación voluntaria es, además, un término técnico del acuerdo con el FMI, con una definición propia y más estrecha que el uso corriente de la palabra.
Que hubo acumulación está fuera de discusión y lo demostramos más abajo. Que hubo compras es una descripción del mecanismo económico, y es precisamente lo que está en disputa entre las dos fuentes oficiales.
Qué acordó El Salvador con el FMI
El acuerdo no dice «El Salvador no comprará bitcoin». Dice algo técnicamente más preciso.
El programa —un Servicio Ampliado del FMI por unos 1.400 millones de dólares a 40 meses— incorpora un criterio de desempeño cuantitativo continuo, es decir, un compromiso que debe cumplirse en todo momento y no solo en fechas de corte. Su techo es cero, y recae sobre la acumulación voluntaria de bitcoin por parte del sector público.
El Memorándum Técnico de Entendimiento, que define cómo se mide cada compromiso, establece:
«Voluntary accumulation of bitcoins includes purchase and mining of Bitcoins and excludes the accumulation of Bitcoins resulting from forfeiture, seizure, apprehension, custody or other form of property or possession by the government arising from law enforcement measures adopted in accordance with Salvadoran law.»
La acumulación voluntaria incluye compra y minería, y excluye el bitcoin obtenido por decomiso, incautación o custodia derivada de actuaciones policiales o judiciales. Una nota del mismo informe precisa que el techo continuo es cero y que también quedan excluidos los bitcoins procedentes de programas de minería de entidades públicas.
El perímetro es amplio: el documento define «bitcoin del sector público» como los bitcoins de todas las carteras propiedad o bajo control del sector público, incluidas Chivo, la Agencia Administradora de Bitcoin, la Oficina Nacional del Bitcoin y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, netos de los depósitos en bitcoin de los clientes de Chivo.
Un dato de la primera revisión que obliga a la prudencia
En el informe de la primera revisión, publicado el 15 de julio de 2025, el FMI consignó algo que conviene leer despacio:
«despite adherence to the commitment not to voluntarily accumulate Bitcoin, the continuous QPC on voluntary Bitcoin accumulation was missed with minor margins on account of temporary fluctuations in Chivo clients’ deposits denominated in Bitcoin.»
El criterio fue incumplido, con márgenes menores, y la causa no fue una compra ni una operación de minería: fueron fluctuaciones de los depósitos en bitcoin de los clientes de Chivo. Una nota del informe lo explica: cuando los clientes de Chivo reducen sus tenencias y Chivo no vende el bitcoin correspondiente, las tenencias netas del sector público suben y el techo se rebasa. Se concedieron dispensas.
Ese precedente es importante para cualquier lectura del acuerdo. Muestra que el criterio se mide sobre un saldo neto y que un aumento puede rebasarlo aunque no provenga de una compra ni de minería. Por eso no puede darse por sentado que la enumeración «compra y minería» sea una lista cerrada. Las donaciones no aparecen expresamente ni entre lo incluido ni entre lo excluido.
Hay además un documento que todavía no existe públicamente: el informe del personal técnico y el Memorándum Técnico correspondientes a las revisiones segunda y tercera no han sido publicados. A la fecha de este artículo, el documento técnico más reciente sobre El Salvador en el sitio del FMI sigue siendo el del 15 de julio de 2025. Ese informe pendiente es, precisamente, donde podría aparecer el tratamiento técnico que el organismo da a las donaciones.
Qué dijo el FMI el 3 de septiembre de 2026
Ese día el FMI anunció un acuerdo a nivel técnico con las autoridades salvadoreñas sobre las revisiones segunda y tercera combinadas del programa, que permitiría desembolsar unos 140 millones de dólares. En el texto original en inglés:
«Documentation has been provided verifying that Bitcoin accumulation since the first review reflects private donations and that no public resources were used.»
Conviene inventariar con exactitud qué dice y qué no dice.
Lo que dice: que se aportó documentación; que esa documentación verifica que la acumulación desde la primera revisión refleja donaciones privadas; y que no se utilizaron recursos públicos. Añade además que «no further Bitcoin accumulation beyond the documented donations is expected»: no se prevé acumulación adicional más allá de las donaciones documentadas.
Lo que no dice es igual de relevante. El comunicado no identifica a los donantes, ni indica cuántos son o de qué naturaleza. No cuantifica cuántos bitcoins corresponden a esas donaciones. No publica la documentación en la que se apoya, ni precisa si fue auditada por un tercero o aportada únicamente por las autoridades. Y no explica el mecanismo económico de cada entrada.
Hay también una condición formal que suele omitirse: lo del 3 de septiembre es un acuerdo a nivel técnico, no una decisión firme. El propio FMI lo clasifica como comunicado de fin de misión y advierte que recoge hallazgos preliminares. El desembolso está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo y al cumplimiento de acciones previas. Cubrimos ese comunicado cuando se dio a conocer.
Qué dice El Salvador
El 4 de septiembre de 2026, a las 20:16 hora de El Salvador —02:16 UTC del día 5, menos de veinticuatro horas después del comunicado del FMI—, la Oficina Nacional del Bitcoin publicó en su cuenta oficial:
«🇸🇻 El Salvador just bought more Bitcoin»
No es un caso aislado. La Oficina Nacional del Bitcoin lleva describiendo estas entradas como compras desde que Nayib Bukele anunció, en noviembre de 2022, que el país compraría un bitcoin al día. La formulación se ha mantenido durante todo el programa con el FMI.
Esto no demuestra que el FMI esté equivocado, del mismo modo que el comunicado del FMI no demuestra que la Oficina Nacional del Bitcoin lo esté. Lo que puede afirmarse con precisión es más modesto y más útil: la Oficina Nacional del Bitcoin continúa utilizando públicamente el lenguaje de compra para describir las entradas, mientras el organismo con el que El Salvador firmó el programa las describe como donaciones.
La carta de junio de 2025
Existe además un documento oficial salvadoreño que apunta en la misma dirección que el FMI. En la carta de intención que acompaña a la primera revisión, las autoridades escribieron:
«in line with commitments under the program, the stock of Bitcoins held by the public sector remains unchanged»
Es tentador leer esa frase junto a los anuncios de la Oficina Nacional del Bitcoin y concluir que una de las dos es falsa. Sería precipitado, por una razón técnica concreta: «bitcoin del sector público», según el perímetro que define el acuerdo, y «cartera ONBTC» no han sido demostrados como la misma magnitud. El perímetro del FMI incluye Chivo, la Agencia Administradora de Bitcoin y la empresa eléctrica estatal, y se calcula neto de los depósitos de los clientes de Chivo. La cartera que verificamos on-chain es una parte de ese conjunto.
Dicho de otro modo: el crecimiento observable de la cartera ONBTC no permite, por sí solo, refutar aquella declaración.
Lo que encontramos on-chain
El Gobierno de El Salvador opera su propio explorador de blockchain en el dominio bitcoin.gob.sv. En la ruta bitcoin.gob.sv/wallet/ONBTC publica las direcciones de la reserva, su saldo agregado y su historial completo. La cartera ONBTC puede auditarse públicamente mediante el explorador oficial del Gobierno, y eso fue lo que hicimos.
Reconstruimos la cartera dirección por dirección. Lectura del 5 de septiembre de 2026 a las 15:21 UTC, altura de bloque 965.629:
- 20 direcciones listadas en la cartera oficial ONBTC.
- Saldo confirmado: 7.765,37428655 BTC.
- UTXOs confirmados: 205.
- Total recibido histórico: 15.084,32122432 BTC.
- Valor mostrado por el explorador en ese momento: unos 619 millones de dólares. Esa cifra corresponde al precio que mostraba el explorador durante la verificación y varía con el mercado.
Reconstruyendo hacia atrás, transacción a transacción, el saldo de esa misma cartera al 30 de junio de 2025 era de 6.224,18403612 BTC. Al 27 de junio, fecha en que el Directorio del FMI concluyó la primera revisión, era de 6.221,18403057 BTC.
| Fecha | Evento | BTC | Observación |
|---|---|---|---|
| 30 jun 2025 | Saldo reconstruido | 6.224,18403612 | Punto de partida del período verificado |
| 1 jul 2025 – 5 sep 2026 | Flujo regular | +430,00000000 | 430 entradas de exactamente 1 BTC |
| 7 sep 2025 | Aniversario de la Ley Bitcoin | +21,00000000 | Adicional al flujo regular |
| 18 nov 2025 | Entrada extraordinaria | +1.090,19067986 | Una transacción, 28 entradas y 3 salidas |
| 5 sep 2026 | Saldo verificado | 7.765,37428655 | Bloque 965.629 |
| Incremento del período | — | +1.541,19025043 | Verificado en el explorador oficial |
Durante el período hubo también dos movimientos internos que no cuentan como nueva acumulación: el 29 de agosto de 2025 la reserva se repartió entre direcciones nuevas, y el 23 de mayo de 2026 se hizo un barrido hacia otra dirección de la misma cartera. Son traslados dentro del mismo conjunto y no alteran el saldo agregado. Medir la cartera completa, y no direcciones sueltas, los neutraliza.
Conviene subrayarlo porque parte de la confusión sobre las cifras salvadoreñas nace justamente de ahí: de restar saldos de direcciones individuales o de comparar instantáneas de agregadores comerciales que no explican qué magnitud miden. Aquí no se ha sumado ninguna cifra de agregador. La fuente es el explorador del propio Gobierno.
Un dato adicional que responde a una pregunta frecuente: no detectamos ninguna salida de bitcoin desde esta cartera hacia direcciones ajenas a ella. No hay evidencia on-chain de venta.
Una entrada no es una compra
Esta distinción es la que ordena todo el asunto.
La cadena de bloques puede demostrar que una dirección recibió bitcoin, cuánto recibió, en qué momento exacto, desde qué transacción y qué hizo después con esos fondos. Todo eso es público y comprobable por cualquiera.
Lo que la cadena de bloques no puede demostrar por sí sola es quién soportó económicamente el costo, si hubo dólares entregados a cambio, si la operación fue una compra o una donación, si existía un contrato fuera de la cadena que la explicara, o quién es el beneficiario económico final.
Bitcoin puede demostrar que 1 BTC llegó a una dirección. No puede demostrar por sí solo por qué llegó.
Una compra en una plataforma de intercambio, una donación canalizada a través de un custodio y una transferencia bajo un acuerdo privado producen registros idénticos en la cadena. Por eso el desacuerdo entre el Gobierno salvadoreño y el FMI no se resuelve mirando la blockchain, por muy pública que sea. Se resolvería con documentación contable, presupuestaria o contractual. Esa documentación existe —el FMI dice haberla revisado— pero no es pública.
El patrón de un bitcoin
Entre el 1 de julio de 2025 y el 5 de septiembre de 2026 registramos 430 entradas de exactamente 1,00000000 BTC. No 0,9998; no 1,0002. Exactamente un bitcoin, 430 veces.
Ese período abarca 432 días. Es decir, hubo dos días sin entrada, y también jornadas con dos entradas que compensaron los huecos. La descripción técnicamente correcta, por tanto, no es que entrara un bitcoin todos los días, sino que existe un patrón equivalente aproximadamente a un bitcoin diario.
Ese patrón coincide estrechamente con la estrategia de acumulación que el Gobierno ha promocionado públicamente desde 2022. Pero coincidir con una estrategia anunciada no es lo mismo que probar el mecanismo económico: la blockchain no establece la naturaleza de esas entradas.
La entrada de 1.090 bitcoins
El 18 de noviembre de 2025, a las 00:01:42 UTC, en el bloque 924.084, la cartera oficial recibió 1.090,19067986 BTC en una sola transacción.
Sus propiedades observables son estas: la transacción tuvo 28 entradas y 3 salidas; las tres salidas fueron a direcciones de la cartera —dos de 500 BTC exactos y una de 90,19067986 BTC—; y ninguna de las 28 entradas pertenecía previamente a la cartera ONBTC.
Sobre las transacciones que alimentan algunas de estas entradas puede decirse una cosa más, y solo una: agrupan múltiples destinatarios, un patrón compatible con infraestructura de intermediarios o servicios de custodia. Eso no permite identificar al originador económico ni distinguir entre una compra y una donación canalizada mediante un intermediario.
Esta transacción resuelve además una discrepancia que circuló en la cobertura del episodio. Algunas fuentes situaron la entrada de noviembre en 1.090 BTC y otras en 1.229,4 BTC. La segunda cifra no corresponde a ninguna transacción: es la diferencia entre dos instantáneas de saldo tomadas con meses de separación, que incluye además los 21 BTC de septiembre y unas 118 entradas diarias.
Lo que todavía no sabemos
Un fact-check honesto termina enumerando lo que no pudo resolver. En este caso:
- Quiénes son los donantes privados a los que se refiere el FMI.
- Cuántos bitcoins corresponden exactamente a esas donaciones.
- Qué documentación recibió el Fondo, quién la elaboró y si fue verificada de forma independiente.
- Si esas donaciones coinciden con las entradas observables en la cartera ONBTC.
- Por qué la Oficina Nacional del Bitcoin continúa utilizando el verbo «comprar» para describirlas.
- Si el perímetro de bitcoin del sector público que monitorea el FMI coincide con la cartera ONBTC.
- Cómo tratará técnicamente las donaciones el Memorándum Técnico de las revisiones segunda y tercera, todavía no publicado.
- Si existe registro presupuestario o contable salvadoreño correspondiente a la recepción de esas donaciones. Es una vía de verificación independiente que sigue abierta y que no hemos podido cerrar.
Conclusión
La afirmación de que «El Salvador sigue comprando Bitcoin pese al acuerdo con el FMI» necesita contexto.
Podemos demostrar que la cartera oficial ONBTC continúa recibiendo bitcoin. Podemos demostrar exactamente cuánto recibió durante el período estudiado: 1.541,19 BTC entre el 30 de junio de 2025 y el 5 de septiembre de 2026, en 430 entradas de un bitcoin exacto, una entrada de 21 BTC y una transacción de 1.090,19 BTC.
No podemos demostrar públicamente que esas entradas posteriores al acuerdo hayan sido compras financiadas con recursos públicos. El FMI afirma haber revisado documentación que las atribuye a donaciones privadas. La Oficina Nacional del Bitcoin continúa describiéndolas públicamente como compras.
Hasta que exista información pública que permita reconciliar ambas descripciones, llamar categóricamente a esas entradas «compras» o «donaciones» como conclusión propia de Bitcoin Dominicana iría más allá de lo que la evidencia pública permite probar.
La conversación sobre reservas soberanas de bitcoin también llegó a República Dominicana, y este caso ofrece una lección aplicable a cualquier país que la considere: una reserva pública auditable on-chain es un avance real de transparencia, pero la trazabilidad de la cadena no sustituye a los registros contables y presupuestarios que explican de dónde salió el dinero.
Metodología. Todas las lecturas on-chain de este artículo se realizaron el 5 de septiembre de 2026 a las 15:21 UTC, altura de bloque 965.629, contra la API pública del explorador oficial del Gobierno de El Salvador en bitcoin.gob.sv. Los saldos históricos se reconstruyeron revirtiendo transacción a transacción desde el saldo actual sobre las direcciones de la cartera. Las citas del FMI proceden de sus documentos oficiales: el Country Report 25/58, el Country Report 25/190 y el comunicado del 3 de septiembre de 2026.






