Anadegas dice que el 25 de septiembre desconectará las terminales de tarjeta en sus 780 estaciones afiliadas, por una comisión que, según el gremio, se lleva cerca de una cuarta parte de su margen regulado. El conflicto muestra lo que cuestan los intermediarios de pago. Lightning podría ser una alternativa complementaria, pero solo un piloto dominicano puede demostrar su costo real. Bitcoin Dominicana revisa las cifras y propone cómo medirlo.
1. Hechos documentados
Qué se ha anunciado y qué no ha ocurrido
Al cierre de esta edición, el 12 de septiembre de 2026, en las fuentes consultadas no hemos confirmado la ejecución del retiro anunciado. Lo que existe es un anuncio con fecha: el 10 de septiembre, tras reunirse con la Federación Dominicana de Comerciantes, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) anunció que el 25 de septiembre desconectará los verifones en sus 780 estaciones afiliadas (Diario Libre, 10 de septiembre). Su presidente, Juan Elías Pérez, lo repitió al día siguiente: «Para los detallistas resulta imposible entregar el 27 % de sus beneficios brutos por el uso de los servicios electrónicos de pago» (Listín Diario, 11 de septiembre).
La cifra de 780 estaciones es el número de afiliadas que reporta el gremio; no ha sido verificada por una fuente independiente. Como referencia de escala, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) evaluó 1,033 estaciones en su último monitoreo de calidad de gasolinas (EHPlus, 13 de abril de 2026).
Cronología: de la amenaza al anuncio con fecha
El conflicto ha pasado por cuatro momentos distintos (amenaza, negociación, plan de retiro progresivo y anuncio con fecha), y falta un quinto que no ha ocurrido: la medida ejecutada. Conviene no confundirlos.
La amenaza inicial fue el 30 de junio, cuando Pérez afirmó que «la banca se lleva prácticamente 27 % de la utilidad bruta» y que «por cada galón de combustible nos cobran siete pesos» (Listín Diario, 30 de junio). El 4 de julio, en un recorrido por estaciones de Santo Domingo, Diario Libre comprobó que «cada bombero tiene un verifón» y Anadegas aclaró que no había dispuesto que los clientes pagaran en efectivo (Diario Libre, 4 de julio).
La negociación empezó el 5 de julio, cuando el gremio suspendió el retiro previsto y aceptó la mediación del Gobierno (El Día, 5 de julio). El 7 de julio, con el ministro Eduardo Sanz Lovatón y el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, se acordó un plazo de 30 días; las procesadoras no participaron (Diario Libre, 7 de julio). El 15 de julio Pérez dijo estar «evaluando una propuesta que nos envió la banca», cuyo contenido no se hizo público (Diario Libre, 15 de julio); el 20 de julio hubo una reunión reservada con Banreservas bajo mediación del MICM (Diario Libre, 20 de julio). Entre finales de julio y el 7 de septiembre no hay cobertura del resultado.
El plan de retiro progresivo apareció el 9 de septiembre: Pérez adelantó que las terminales se retirarían por etapas, empezando por La Romana y San Francisco de Macorís y terminando en Santo Domingo (De Último Minuto, 9 de septiembre). Un día antes había declarado que «están llegando a su término los plazos acordados» (Noticias SIN, 8 de septiembre).
El anuncio con fecha llegó el 10 de septiembre. Ese mismo día, Celso Marranzini, presidente del Conep, rechazó la medida: «Hay que conversar y dialogar… no forzando» (De Último Minuto, 10 de septiembre), y la Confederación Nacional de Transporte Urbano advirtió que el retiro generaría «intranquilidad entre los conductores» (Noticias SIN, 10 de septiembre). El 11, varios diputados pidieron diálogo y el economista Antonio Ciriaco Cruz advirtió sobre un retroceso en la digitalización de pagos (7días, 11 de septiembre).
Hasta el 12 de septiembre no consta una declaración pública de la Asociación de Bancos Múltiples, de los adquirentes (Azul, CardNET, Visanet), de la Superintendencia de Bancos ni del Banco Central sobre el fondo del conflicto. En las fuentes consultadas no hemos confirmado la ejecución de ninguna medida.
Las cifras, y quién las afirma
Las comisiones que cita Anadegas oscilan «entre 2.50 % y 1.95 %, según empresas como Carnet, Visanet y Azul», según la propuesta que el gremio presentó al MICM (Diario Libre, 7 de julio). Su asesor Rafael Polanco amplió el rango a «1.95 %, 2.5 % e incluso 3 %» (Ensegundos, 7 de julio). Ningún adquirente ha publicado su tasa de descuento para combustibles: el tarifario público de Azul detalla cuotas fijas mensuales de terminal, no ese porcentaje (Tarifario Azul, vigencia 29 de enero de 2026). Estas comisiones son, por tanto, estimaciones del gremio, y no está confirmado si incluyen el ITBIS que grava el servicio.
El margen del detallista sí es un dato oficial. En la estructura de precios semanal del MICM, el margen del detallista de gasolina premium es de RD$27.07 por galón, junto a RD$16.59 del distribuidor y RD$6.68 de transporte; el economista Jesús Geraldo Martínez reprodujo esa estructura a partir de la resolución del 29 de mayo de 2026 (Acento, 2 de junio). Para el gasoil regular, Anadegas y el mismo economista sitúan el margen en torno a RD$23.75 (Acento, 1 de julio); esa cifra no la hemos visto en un documento oficial.
Con los precios vigentes para la semana del 12 al 18 de septiembre, sin cambios respecto a la anterior (premium RD$341.10, regular RD$310.50, gasoil óptimo RD$293.10, gasoil regular RD$262.80, según el aviso del MICM del 11 de septiembre recogido por Diario Libre), el cálculo es directo si se hace combustible por combustible.
Un galón de premium a RD$341.10 con comisión del 1.95 % paga RD$6.65; al 2.50 %, RD$8.53. Sobre un margen de RD$27.07, eso es entre el 24.6 % y el 31.5 % de la ganancia bruta por galón. Un galón de gasoil regular a RD$262.80 paga entre RD$5.12 y RD$6.57; sobre un margen de RD$23.75, entre el 21.6 % y el 27.7 %.
El rango de «25 a 36 %» que Anadegas presentó al MICM no coincide con ese cálculo. Sus cifras de RD$6.59 a RD$8.45 por galón implican un precio de unos RD$338, es decir, gasolina; y el 36 % resulta de dividir esa comisión de gasolina entre el margen del gasoil (RD$23.75). Con cada combustible sobre su propio precio y margen, el rango queda entre el 21.6 % y el 31.5 %. El «27 %» que repite Pérez corresponde a unos RD$7 sobre RD$25 de margen, una aproximación razonable del punto medio. Estas cifras describen la comisión como porcentaje del margen bruto por galón; no dicen nada sobre el beneficio neto de la estación, que depende de nómina, energía, seguridad y financiamiento, y que ninguna fuente ha cuantificado.
Anadegas sostiene que entre el 50 % y el 70 % de sus ventas se pagan con tarjeta y estima en unos RD$3,000 millones anuales lo que el sector paga en comisiones (elDinero, 2 de julio). Ninguna de las dos cifras tiene confirmación independiente. Sobre la propuesta del gremio circulan tres formulaciones incompatibles: una tarifa fija de 30 centavos por galón (Diario Libre, 6 de julio), una comisión del 0.3 % (Ensegundos, 7 de julio) y RD$0.30 por transacción (elDinero, 2 de julio). Con los precios actuales, la primera equivale a RD$0.30 por galón de premium y la segunda a RD$1.02.
Dos comparaciones internacionales, leídas con cuidado
Pérez ha dicho que «dentro de 34 países somos los que pagamos más caro por el uso del verifón», sin publicar el estudio ni la lista. En su propuesta al MICM, Anadegas cita tasas de «0.3 % a 0.8 %» en Europa. Esa comparación mezcla dos cosas. El Reglamento (UE) 2015/751 limita la cuota de intercambio, que es el pago entre el banco adquirente y el emisor, a 0.2 % en débito y 0.3 % en crédito (artículos 3 y 4); no limita la comisión total que el comercio paga a su adquirente, que suma además las tarifas de las marcas y el margen del adquirente (EUR-Lex, Reglamento (UE) 2015/751). La Comisión Europea documentó que, tras el reglamento, las tarifas no reguladas de los esquemas subieron (Comisión Europea, SWD(2020) 118).
México es la comparación más reciente, y es útil por lo que no es. El 27 de abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, con la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México, un acuerdo para gasolineras vigente del 1 de mayo al 31 de octubre. El secretario Édgar Amador lo describió así: «Se dejará de cobrar lo que se llama ‘la cuota de intercambio’, que representa el 80 por ciento del total de la comisión». Emilio Romano, presidente de la ABM, aclaró que la comisión al comercio la fija el mercado: «Nosotros no podemos obligar ni garantizar ni establecer una comisión fija, por temas de competencia» (Presidencia de México, versión estenográfica del 27 de abril de 2026). México no eliminó la comisión total: suspendió temporalmente su componente mayor y dejó el resto al mercado. No hemos encontrado noticia de prórroga ni de balance de la medida a septiembre.
2. Análisis editorial
Lo que hay dentro de una comisión
Un verifón es una terminal; lo que cuesta es lo que ocurre detrás. Cada pago con tarjeta involucra al banco emisor, a la marca, al procesador o red local y al banco adquirente que atiende a la estación. Cada uno retiene una parte, el comercio recibe el neto días después y asume el riesgo de contracargos. La discusión entre Anadegas y la banca es sobre el tamaño del porcentaje. La pregunta de este artículo es qué pasaría si una parte de esos pagos no pasara por esa cadena, y cuánto costaría en su lugar.
Qué es distinto en un pago por Lightning
Lightning es una red de pagos construida sobre Bitcoin que permite transferir valor entre billeteras en segundos, sin registrar cada pago en la cadena principal. El cliente escanea un código QR y confirma; el comercio ve el pago acreditado en su billetera casi de inmediato.
La estructura de costos es diferente a la de la tarjeta, no inexistente, y hay que separar quién paga qué.
Del lado del cliente está la comisión de enrutamiento. En el protocolo, cada nodo que reenvía un pago puede cobrar una comisión con dos componentes: una comisión base fija, en milisatoshis, y una comisión proporcional al monto, expresada en millonésimas (especificación BOLT 7). En un pago estándar, esa comisión la paga quien envía; el comercio recibe el importe íntegro de la factura.
Del lado de la estación, los costos dependen del modelo con que reciba los pagos, y en todos los modelos salvo uno hay un tercero que cobra a la estación.
En autocustodia con nodo propio, la estación no paga a un intermediario por cada cobro, pero necesita liquidez entrante en sus canales, debe pagar las transacciones en cadena para abrirlos y cerrarlos, y tiene que operar el nodo. BTCPay Server, un software libre de código abierto para cobrar en bitcoin, lo describe así: el modelo autosoberano da «control total» a cambio de «gestionar canales de pago» y «gestionar liquidez» (documentación de BTCPay Server sobre Lightning).
Con un proveedor de liquidez (LSP), sigue siendo autocustodial, pero, según la misma documentación, «el LSP cobra una pequeña tarifa» más el costo de apertura del canal.
Con un custodio, un tercero guarda los fondos: es «fácil de configurar» y no exige gestionar liquidez, a cambio de que «se necesita confiar en un tercero» y «los fondos están en riesgo si el servicio quiebra». Con un procesador de pagos, el tercero además factura, concilia y, en algunos países, convierte a moneda local, cobrando por ello.
Las tarifas publicadas de servicios custodiales y procesadores varían: Wallet of Satoshi no cobra por recibir (soporte de Wallet of Satoshi); Blink no cobra por recibir en bitcoin, pero aplica un diferencial cuando el pago se acredita en su saldo en dólares (FAQ de Blink); Speed cobra 1 % por pagos desde billeteras externas y 0.5 % por retirar a dólares (precios de Speed); IBEX Pay anuncia entre 0.5 % y 1 % con conversión a moneda local en los países donde opera (IBEX Pay). Ninguna de esas tarifas está publicada para República Dominicana ni en pesos.
Recibir bitcoin no es tener pesos
Una estación paga el combustible al distribuidor, la nómina y los impuestos en pesos. Recibir bitcoin es una cosa; disponer de pesos dominicanos en una cuenta bancaria es otra, y entre ambas hay costos que ninguna comparación con la tarjeta puede omitir.
Según el modelo elegido, el costo total de un cobro suma: la comisión base y la proporcional que paga el cliente (que no son costo de la estación, pero sí del pago); los costos de liquidez de canales o la tarifa del LSP; la operación del nodo o la tarifa del custodio o procesador; la conversión de bitcoin a dólares o a pesos; el diferencial cambiario que aplique quien convierta; el costo del retiro a una cuenta en pesos; la exposición al precio de bitcoin entre el cobro y la conversión; y los costos operativos de conciliar cada cobro con cada surtidor y turno y de capacitar al personal.
BTCPay Server, por sí solo, no convierte a moneda local: su documentación indica que «la conversión a fiat está disponible a través de varios plugins», es decir, mediante servicios de terceros (FAQ de BTCPay Server). No hemos confirmado un proveedor que ofrezca esta liquidación para el escenario analizado. Lo que sí está documentado es que Strike opera en República Dominicana con liquidación en dólares (Strike, países disponibles), que Blink ofrece un saldo denominado en dólares, y que en 2025 este medio explicó cómo un negocio dominicano puede empezar a aceptar bitcoin con esas herramientas (Bitcoin Dominicana, 13 de febrero de 2025). Un piloto tendría que resolver el eslabón de los pesos de forma explícita y medir cuánto cuesta.
Sobre las devoluciones conviene ser exacto. En Lightning no existe el contracargo de red: una vez liquidado, el pago no se revierte. Eso elimina un riesgo que la tarjeta sí tiene, pero no elimina la obligación del comercio de devolver el dinero al consumidor cuando corresponde bajo la Ley 358-05; la devolución sería un nuevo pago iniciado por la estación, con su propio costo y su propio tipo de cambio.
Un ejemplo con números, y sus límites
Un galón de gasolina premium cuesta RD$341.10 y deja al detallista RD$27.07. Con tarjeta al 1.95 %, la comisión es RD$6.65, el 24.6 % del margen. Si un cobro por Lightning terminara costando en total un 1 % de la venta, sumando recepción, conversión y retiro, serían RD$3.41 por galón: el 12.6 % del margen. Con un 0.5 %, RD$1.71 y el 6.3 %. Con un 2 %, porque el proveedor cobra 1 % por recibir y la conversión cuesta otro 1 %, serían RD$6.82: prácticamente lo mismo que la tarjeta.
Los tres escenarios son hipotéticos. Ninguno es una tarifa disponible hoy en República Dominicana y ninguno incluye los costos operativos ni la diferencia de precio de bitcoin entre el cobro y la conversión. Lo que muestran es que el ahorro no es automático: un costo total del 1 % equivale a algo más de la mitad de la comisión de tarjeta del 1.95 %, y al 40 % de la del 2.50 %. La diferencia real solo la puede dar una medición.
| Escenario | RD$/galón | % venta | % margen | Margen neto |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta 2.50 % (tarifa atribuida a Anadegas) | RD$8.53 | 2.50 % | 31.5 % | RD$18.54 |
| Tarjeta 1.95 % (tarifa atribuida a Anadegas) | RD$6.65 | 1.95 % | 24.6 % | RD$20.42 |
| Anadegas: RD$0.30 por galón (propuesta del gremio) | RD$0.30 | 0.09 % | 1.1 % | RD$26.77 |
| Anadegas: 0.30 % de la venta (variante) | RD$1.02 | 0.30 % | 3.8 % | RD$26.05 |
| Lightning 0.5 % total (hipotético) | RD$1.71 | 0.50 % | 6.3 % | RD$25.36 |
| Lightning 1 % total (hipotético) | RD$3.41 | 1.00 % | 12.6 % | RD$23.66 |
| Lightning 2 % total (hipotético) | RD$6.82 | 2.00 % | 25.2 % | RD$20.25 |
| Lightning real en RD (pendiente de medir) | — | — | — | — |
| Escenario | RD$/galón | % venta | % margen | Margen neto |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta 2.50 % (tarifa atribuida a Anadegas) | RD$6.57 | 2.50 % | 27.7 % | RD$17.18 |
| Tarjeta 1.95 % (tarifa atribuida a Anadegas) | RD$5.12 | 1.95 % | 21.6 % | RD$18.63 |
| Anadegas: RD$0.30 por galón (propuesta del gremio) | RD$0.30 | 0.11 % | 1.3 % | RD$23.45 |
| Anadegas: 0.30 % de la venta (variante) | RD$0.79 | 0.30 % | 3.3 % | RD$22.96 |
| Lightning 0.5 % total (hipotético) | RD$1.31 | 0.50 % | 5.5 % | RD$22.44 |
| Lightning 1 % total (hipotético) | RD$2.63 | 1.00 % | 11.1 % | RD$21.12 |
| Lightning 2 % total (hipotético) | RD$5.26 | 2.00 % | 22.1 % | RD$18.49 |
| Lightning real en RD (pendiente de medir) | — | — | — | — |
Las otras salidas que tiene Anadegas
El gremio tiene alternativas más inmediatas que Bitcoin, y ninguna es gratuita ni sirve igual en todas las estaciones. Cobrar solo en efectivo, que es lo que Anadegas dice estar analizando (7días, 10 de septiembre), implica manejo, seguridad, transporte y depósito, y perder a los clientes que ya no cargan efectivo. Las transferencias bancarias y los pagos por código QR entre cuentas pueden costar menos que la tarjeta, según el banco y el tipo de transferencia, pero exigen que ambas partes tengan cuenta y que el cobro sea verificable en el surtidor en segundos, algo que cada banco resuelve de forma distinta. Y la renegociación de la tarifa, que es lo que el gremio ha intentado desde julio, sigue abierta: una tarifa fija de 30 centavos por galón reduciría el costo a alrededor del 1 % del margen, según los cálculos de este artículo. Bitcoin no sustituye esas salidas; añade una más, cuyo costo real, incluidas las tarifas que fijen los proveedores, todavía hay que medir.
El marco dominicano, sin exagerar en ninguna dirección
Aquí conviene separar lo que dicen las normas de lo que requiere interpretación.
Lo que dicen las normas. El Reglamento de Sistemas de Pago, en su modificación integral aprobada por la Junta Monetaria el 28 de agosto de 2025, se aplica a «los sistemas de pago o de liquidación de valores, sus administradores y participantes, así como a los demás proveedores de servicios de pago y las entidades de apoyo» (artículo 3). Define el «activo virtual» como una «representación digital de valor que puede comercializarse o transferirse digitalmente y utilizarse para fines de pago o inversión» (artículo 4) y prohíbe «ofrecer productos ni servicios basados en activos virtuales» a los administradores de sistemas de pago (artículo 11, literal v) y a las entidades de pago electrónico (artículo 17, literal w) (Banco Central, Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 28 de agosto de 2025). El Banco Central ha advertido, en sus comunicados de 2017 y 2021, que los criptoactivos «no tienen curso legal ni fuerza liberatoria de obligaciones públicas o privadas», que las instituciones reguladas del sistema financiero «no están autorizadas para usar ni efectuar operaciones con los mismos» y que quien los use «lo hará a su solo riesgo» (Listín Diario, 30 de septiembre de 2021).
En materia fiscal, la Ley 30-26 del 18 de junio de 2026, de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, modificó el literal e) del artículo 289 del Código Tributario para definir el activo de capital como «todo bien, incluyendo bienes digitales y criptoactivos, en poder del contribuyente en conexión o no con su negocio» (texto de la Ley 30-26 en la DGII). La DGII lo recoge en su explicación del impuesto a la ganancia de capital (DGII, ¿Qué es el impuesto de ganancia de capital?) y ya en 2023, en una consulta técnica, sostenía que los beneficios de convertir criptomonedas a moneda local «constituirán rentas gravables» (DGII, Consulta 20 del 10 de octubre de 2023). Es un tratamiento tributario; no equivale a curso legal ni a una autorización general como medio de pago.
Lo que requiere interpretación. Las prohibiciones expresas del reglamento recaen sobre sujetos regulados del sistema de pagos, y una estación de combustible no es uno de ellos; las advertencias del Banco Central se dirigen a las instituciones financieras y al público. De ahí no se sigue que cualquier modalidad de aceptación esté automáticamente autorizada. Antes de un piloto hay al menos cuatro puntos que un abogado, un contador y el banco de la estación tendrían que responder: si el tercero que convierta bitcoin a pesos para el comercio, que hoy opera sin marco específico, puede hacerlo y bajo qué condiciones; cómo se registra contablemente un cobro en bitcoin valorado en pesos y cómo se emite el comprobante fiscal; en qué momento se realiza una eventual ganancia de capital y cómo se documenta el costo fiscal; y qué justificación de origen de fondos exigirá el banco al recibir los pesos convertidos, conforme a la Ley 155-17. Tampoco hay ley sectorial: los dos proyectos sobre activos digitales y criptoactivos depositados en la Cámara de Diputados seguían en comisión en agosto (CriptoNoticias, 18 de agosto de 2026).
3. Propuesta de piloto
Lo que sigue es una propuesta editorial de Bitcoin Dominicana. No es una iniciativa acordada con Anadegas ni con ninguna estación, y no compromete a organización alguna.
Escala y ubicación
Tres a cinco estaciones voluntarias durante 90 días. No hace falta que sean muchas; hace falta que sean distintas entre sí. Una en Santo Domingo con alto volumen y varios turnos, para probar la conciliación bajo presión; una en un corredor turístico como Punta Cana, Las Terrenas o Cabarete, donde hay visitantes que ya usan bitcoin en otros países, sin asumir que los residentes lo hagan; y una en una ciudad intermedia, por ejemplo La Romana o San Francisco de Macorís, las primeras donde Anadegas dice que retiraría las terminales. La ubicación se elige por demanda y capacidad operativa de la estación, no por expectativas de adopción, que no hemos visto medidas para este caso.
Cómo se cobra en la práctica
Un código QR impreso con una dirección fija no sirve para una gasolinera: el importe cambia en cada despacho y el empleado necesita saber, sin ambigüedad, que ese pago concreto llegó. El flujo mínimo tiene cinco pasos.
Primero, el importe en pesos: el bombero termina el despacho y lee el total en el surtidor. Segundo, la factura Lightning: en una aplicación de punto de venta (BTCPay Server incluye una, y varias billeteras para comercios también) introduce ese importe en pesos; la aplicación genera una factura por el equivalente en bitcoin al tipo de cambio del momento, con un vencimiento corto, de uno o dos minutos. Tercero, el QR dinámico: la aplicación muestra en la pantalla del teléfono o de una tableta un código único para esa factura, y el cliente lo escanea y paga desde su billetera. Cuarto, la confirmación: la aplicación muestra en pantalla que el pago se recibió, y solo entonces el bombero cierra la venta; si la factura vence sin pago, caduca y el cliente paga por otro medio. Quinto, la conciliación: cada cobro queda registrado con importe en pesos, importe en satoshis, hora, surtidor y turno, para cuadrarlo con el despacho.
Ese flujo exige decidir de antemano quién custodia los fondos, cómo y cuándo se convierten a pesos, y cómo se emite el comprobante fiscal por la venta en pesos.
Qué debe medir el piloto
Nada de lo anterior tiene valor si no se mide. Al cierre de los 90 días, cada estación debería poder reportar diez cosas: el costo total por cobro, sumando tarifa del proveedor, diferencial de conversión y costo de retiro; los pesos netos recibidos por cada peso vendido; el tiempo transcurrido desde el cobro hasta disponer de pesos en cuenta; los pagos exitosos y fallidos, con las causas de los fallos; los clientes distintos y cuántos repitieron; el resultado de la conciliación por surtidor y por turno; las devoluciones realizadas; las diferencias de cambio registradas entre cobro y conversión; el tiempo de atención por cobro; y las horas dedicadas a capacitar al personal.
Con esos datos, la comparación con la tarjeta dejaría de ser una hipótesis. Hoy, la única referencia disponible es el cálculo de este artículo bajo las tarifas que atribuye Anadegas: entre RD$5.12 y RD$8.53 por galón, según el combustible y la tarifa. Lo que costaría la alternativa, en pesos dominicanos y en una estación dominicana, es exactamente lo que falta por saber.
Imagen destacada: surtidor de una estación en Santo Domingo, 2011. Foto: bobbsled, Flickr, CC BY-SA 2.0 (redimensionada). Cierre de edición: 12 de septiembre de 2026.
