La digitalización del dinero en la República Dominicana ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad estructural. Al cierre de abril de 2025, el país registró un hito histórico: 673.432 operaciones con cuentas de pago electrónico, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
Esta cifra no solo refleja la adopción tecnológica de la población, sino también el éxito de las políticas de bancarización que han elevado el acceso a servicios financieros al 65% de los adultos dominicanos.
Este proceso de transformación, liderado por el BCRD, busca desplazar el uso del efectivo en favor de sistemas de liquidación inmediata y activos digitales centralizados. No obstante, esta transición redefine la relación entre el ciudadano y el Estado, planteando interrogantes profundas sobre la privacidad y la autonomía financiera frente a un sistema que prioriza la fiscalización y la eficiencia operativa.
El Banco Central ha sido el motor de esta digitalización a través de la modernización del Sistema de Pago y Liquidación de Valores (SIPARD). El documento de trabajo 2025-01, titulado «Estimación de una potencial demanda de CBDC en la República Dominicana», revela que la institución ya proyecta escenarios para la implementación de una Moneda Digital de Banco Central (CBDC).
Según el análisis técnico del BCRD, una CBDC dominicana funcionaría como una extensión digital del peso, garantizando la inmediatez en las transacciones, pero bajo un esquema de control centralizado.

A diferencia del protocolo descentralizado de Bitcoin, donde la emisión y verificación dependen de una red global sin intermediarios, la moneda digital estatal permitiría al organismo monetario monitorear los flujos de capital en tiempo real, reduciendo drásticamente la informalidad, que históricamente ha sido un desafío para la economía local.
Un dilema ético y práctico
La digitalización plantea un dilema ético y práctico. Mientras que el uso de bitcoin ofrece una alternativa de soberanía financiera y resistencia a la censura, el modelo de moneda digital promovido en República Dominicana está intrínsecamente ligado a la identidad del usuario.
El auge de las transacciones digitales, que superaron los RD$ 1,14 millones en volumen de comercio electrónico a mediados de 2025, confirma que la conveniencia está superando al anonimato.

Así pues, la República Dominicana camina decididamente hacia una economía sin efectivo. La infraestructura técnica está consolidada y la adopción ciudadana, evidenciada en las más de 673 mil operaciones de abril, demuestra que el dinero electrónico es el nuevo estándar.
A medida que el BCRD avance en sus planes de emitir una moneda digital propia, el país se convertirá en un laboratorio regional de inclusión financiera. No obstante, la coexistencia con activos digitales descentralizados como bitcoin seguirá siendo el punto de fricción para aquellos que buscan mantener una frontera entre su patrimonio y la vigilancia estatal.








